El delito y los jóvenes en riesgo social y económico- Clarín

EDITORIAL
El delito y los jóvenes en riesgo social y económico
La creciente participación de jóvenes en delitos y, en particular, en sus
versiones más violentas, obliga a considerar la situación social y educativa
que atraviesa la juventud de nuestro país.

El aumento de la pobreza de los años noventa estuvo asociado con la pérdida
de puestos de trabajo de los jefes de familia, y acompañado con una
tendencia a la disgregación de los lazos familiares y a la erosión de los
sistemas de socialización y transmisión de valores hacia los jóvenes.

En los últimos años la pobreza se redujo, pero los problemas generados en
los años precedentes no se revirtieron, al menos no en su totalidad.

A esto se sumó la expansión de la drogadicción entre los jóvenes y del
narcotráfico como fuente de ocupación y de ingresos.

Como consecuencia de la situación vigente, un segmento importante de los
jóvenes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social. En
la provincia de Buenos Aires las estimaciones oficiales dan cuenta de que
unos 400.000 jóvenes no estudian ni trabajan, por lo cual están excluidos de
los circuitos básicos de integración social.

Este problema también se manifiesta, aunque en una magnitud menor, en la
Ciudad de Buenos Aires y en otros grandes centros urbanos del país.

Una estadística del Ministerio de Educación revela, por su parte, que
mientras la población de jóvenes entre 15 y 19 años comenzó a aumentar a
partir de 2001, la matrícula de jóvenes en el colegio secundario se estancó
en 2002 y comenzó a caer en 2003. Es decir que, mientras la participación de
esa franja etaria en la población total aumenta, su inclusión en la escuela
secundaria está decreciendo.

Esta evolución es inquietante porque indica que un número importante de
jóvenes no está recibiendo un nivel de formación indispensable para su
desempeño laboral en el futuro y, peor aún, que no está participando de un
ámbito crucial en la transmisión de las informaciones y valores
indispensables para una adecuada inserción en la sociedad.

A esto se agrega el déficit en el funcionamiento de las instituciones que
albergan a los jóvenes escolarizados ya que, la combinación de problemas
gremiales con históricas deficiencias de infraestructura, están afectando
los dictados de clases y hasta el número de días de enseñanza que reciben
los chicos.

Todo indica, por lo tanto, que la base de cualquier política de seguridad de
largo plazo debe comenzar por mejorar las condiciones de vida y las
oportunidades de progreso de la población de las zonas deprimidas.

Esto requiere, en primer lugar, sostener el crecimiento de la economía y la
creación de empleo, como base para evitar un aumento de la pobreza familiar.

En segundo lugar, incrementar los programas sociales específicos y una
masiva inversión en educación, para rescatar de la calle y del riesgo social
a los chicos y jóvenes.

Finalmente, hay que tener en cuenta las deficiencias del sistema judicial y
de alojamiento de jóvenes que cometen delitos.

Ambas instituciones están muy lejos de funcionar como un ámbito de
contención y resocialización y que, como han demostrado numerosas
investigaciones, es escenario de numerosas violaciones a derechos
establecidos.

En el cuadro social e institucional vigente, ni las medidas policiales ni
las modificaciones legales permitirán revertir en forma sustantiva y
duradera el problema de la inseguridad.

Es necesario, por lo tanto una política de Estado, nacional y provincial,
para recuperar a la juventud en riesgo para el estudio y el trabajo.

El aumento del delito juvenil obliga a considerar la situación social y
económica de la juventud. Las estadísticas oficiales muestran que una franja
importante de jóvenes no trabaja ni estudia y que está retrocediendo la
escolaridad secundaria. El sistema judicial para los jóvenes no cumple su
función. Para mejorar la seguridad en forma sustantiva es necesario rescatar
a la juventud en riesgo para el estudio y el trabajo.