A pesar del avance en derechos sociales que ha registrado la Argentina en materia educativa, tal como la ley de educación nacional (26.206) de 2006, las desigualdades educativas son un alicate descalificador y discriminante en materia laboral y social para los jóvenes de hogares en situación de pobreza. Frente al 30% de los jóvenes que no termina la secundaria, así como para el 40% que lo hace con déficits educativos importantes, las transferencias condicionadas de ingresos o los programas de capacitación laboral tienen muy poca utilidad.
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